...Y para el PP, y para el idioma español, y para Cataluña en particular, y para Rajoy (aunque no se quiera enterar), y para aquellos que no gustan de la traición ni los juegos a dos barajas...
¡PIQUÉ HA DIMITIDO IRREVOCABLEMENTE!
http://www.elpais.com/articulo/espana/Josep/Pique/presenta/dimision/irrevocable/presidente/PP/Cataluna/elpepuesp/20070719elpepunac_14/Tes
(Aunque yo no las tengo todas conmigo: me parece a mí que la palabra "irrevocable" en boca de Piqué tiene el mismo valor que la frase "me voy para no volver" en boca de Bono. Tal para cual).
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jueves, 19 de julio de 2007
sábado, 14 de julio de 2007
¡Ejecuten al ministro!
¡EJECUTEN AL MINISTRO!
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En la República Democrática Popular de China, ese lugar tan republicano, democrático y popular, han ejecutado al ex-ministro de Sanidad por embolsarse unos milloncitos de nada a cambio de hacer la vista gorda para aprobar fármacos nocivos. Como ven, no hay tanta diferencia entre China y España (no lo digo por la ejecución, sino por lo otro), pero sorprende el celo con el que allí persiguen la corrupción, tratándose de un régimen corrupto por naturaleza; será porque todo vale en nombre del partido, pero sólo en nombre del partido. Aquí, sin embargo, en esta democracia cuyos espejos son Cuba, Bolivia, Marruecos, y no sigo porque más de uno se me suicida, también vale todo en nombre del partido pero, además, cada uno puede tirar por donde le dé la gana, como en los coches de choque, sin miedo a que la Guardia Civil les quite puntos.
No es que aboguemos por la pena de muerte para los políticos corruptos (sería un paredón muyyyy largo), pero tampoco es plan de que a los ministros les salgan gratis los desmanes que cometen, tan numerosos que algunos parecen tener una Visa Platino con crédito ilimitado para putear al prójimo; más bien somos partidarios de buscar la virtud en el punto medio, es decir, entre los extremos de la muerte y la impunidad: ¿qué tal penas de cárcel para ministros perniciosos que defiendan intereses que no sean los de España? Que un ex de Defensa prefería morir a matar…a la cárcel por traidor; que una ex de Cultura destrozaba los archivos de la Nación…a la cárcel por traidora; que un ex de Industria perjudicaba a la industria para favorecer al nacionalismo catalán…a la cárcel por traidor, y así hasta que sólo quedaran los servidores de la Nación.
Desgraciadamente, en lugar de pagar por sus actos, unos vuelven a la primera fila de la política, otras van a la vicepresidencia del Congreso, y los de más allá presiden països… ¡Ay, si Aristóteles levantara la cabeza!
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La Voz, Jerez, 15 de julio de 2007, día en que la Justicia sigue brillando por su ausencia en este lugar maltrecho todavía llamado España.
jueves, 12 de julio de 2007
Adeu, Catalonia
(La Razón)
Marcos Pardeiro-BARCELONA- El cuatripartito catalán (CiU, PSC, ERC e ICV) renació ayer con un acuerdo para la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), un ente que debe coaligarse en el plazo de un año con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para constituir un Consorcio que se encargará de gestionar los impuestos en Cataluña. La ley de la ATC es la primera que aprueba el Parlament para desarrollar el Estatut y ha sido objeto de duras negociaciones hasta el último momento. El PP votó en contra de esta iniciativa al entender que el nuevo órgano fiscal contraviene la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y al interpretar que la Agencia está exenta del principio de coordinación que debería regir sus relaciones con el resto de administraciones fiscales de España.
Así, los nacionalistas catalantes dan otro paso firme hacia su anhelado (y cercano, gracias a Zp) sueño de la independencia. Mientras tanto, nadie hace nada, los mecanismos del Estado para protegerse permanecen desactivados, la gente se mantiene adormecida con el humo de los porros mentales que el socialismo le proporciona, y Solbes, ese tío que no se sabe bien por qué dicen que es el menos radical de los ministros (todo lo contrario, es tan esbirro como los demás, pero aún más obediente), sólo dice que "respeta enormemente lo que se ha aprobado en el Parlament(o)"...¿y a nosotros no nos respetas, desgraciado?, ¿y a tu país, que es España y no Cataluña, no lo respetas, traidor?
A la mayoría de la gente no le importa nada de lo que está pasando, y muchos dicen que es que, en realidad, no está pasando nada, pero tengo el firme convencimiento de que Zapatero, gran maestre de los traidores, el PSOE, y sus socios, están plantando desde hace tres años semillas que florecerán más pronto que tarde. Semillas de llanto, ruptura, destrucción y dolor.
Tiempo al tiempo.
Marcos Pardeiro-BARCELONA- El cuatripartito catalán (CiU, PSC, ERC e ICV) renació ayer con un acuerdo para la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), un ente que debe coaligarse en el plazo de un año con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para constituir un Consorcio que se encargará de gestionar los impuestos en Cataluña. La ley de la ATC es la primera que aprueba el Parlament para desarrollar el Estatut y ha sido objeto de duras negociaciones hasta el último momento. El PP votó en contra de esta iniciativa al entender que el nuevo órgano fiscal contraviene la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y al interpretar que la Agencia está exenta del principio de coordinación que debería regir sus relaciones con el resto de administraciones fiscales de España.
Así, los nacionalistas catalantes dan otro paso firme hacia su anhelado (y cercano, gracias a Zp) sueño de la independencia. Mientras tanto, nadie hace nada, los mecanismos del Estado para protegerse permanecen desactivados, la gente se mantiene adormecida con el humo de los porros mentales que el socialismo le proporciona, y Solbes, ese tío que no se sabe bien por qué dicen que es el menos radical de los ministros (todo lo contrario, es tan esbirro como los demás, pero aún más obediente), sólo dice que "respeta enormemente lo que se ha aprobado en el Parlament(o)"...¿y a nosotros no nos respetas, desgraciado?, ¿y a tu país, que es España y no Cataluña, no lo respetas, traidor?
A la mayoría de la gente no le importa nada de lo que está pasando, y muchos dicen que es que, en realidad, no está pasando nada, pero tengo el firme convencimiento de que Zapatero, gran maestre de los traidores, el PSOE, y sus socios, están plantando desde hace tres años semillas que florecerán más pronto que tarde. Semillas de llanto, ruptura, destrucción y dolor.
Tiempo al tiempo.
lunes, 25 de junio de 2007
¿Es que no tenéis sangre en las venas?
Debido a que en este blog no aparece un índice con los últimos comentarios, hay veces que perdemos alguno interesante al realizarse en entradas algo antiguas. Por su interés cuelgo esta columna que nos ha proporcionado el zorro (¡ha vuelto!) como entrada principal.
¿Es que no tenéis sangre en las venas? (Reproche para católicos)
José Javier Esparza
Es por lo de la Educación para la Ciudadanía, claro. ¿Por qué iba a ser, si no? Es el mayor atentado que se ha tramado en decenios contra la autonomía moral de la gente. Es la mayor intromisión imaginable en la libertad de verdad, que es la libertad interior. Y sin embargo, aquí apenas se mueven cuatro gatos. La prensa disidente hace circular titulares de impacto: “Ya hay 3.500 objetores en el mes de junio”. Gran cosa, ¿eh? Tres mil quinientos en todo el país. En un vagón del Metro caben doscientas personas. Echad la cuenta. Es verdad que en las Termópilas bastaron trescientos. Pero esto es otra cosa. Esto es peor.
¿Dónde os habéis metido? ¿Debajo de las piedras? ¿Es que nadie os ha explicado lo que os estáis jugando? ¿O es que no lo queréis ver –para no fatigaros, tal vez, o para no meteros “en líos”?
A vuestros hijos van a enseñarles que nada es verdad ni mentira, sino que todo depende del color con que se mira –y que ese color, mayormente, tira a bermellón. Van a enseñarles que no existe una forma recta de ser y de estar, sino que todas valen lo mismo –es decir que lo malo es bueno, porque lo bueno no es tal. Van a enseñarles que ETA es un grupo vasco armado que fue torturado alevosamente por la democracia española. Van a enseñarles que la guerra civil no ha terminado y que la reconciliación fue un error, porque no hizo justicia. Van a enseñarles que papá y mamá son conceptos vacíos e intercambiables por otros. Van a enseñarles todo eso, no con materiales teóricos mínimamente contrastables, sino con una buena porción de bazofia que, por otro lado, jamás fue escrita para educar a nadie, sino, deliberadamente, para todo lo contrario. Y lo más importante: os están diciendo, no a vuestros hijos, sino a vosotros, que la formación moral de los críos ya no es cosa vuestra, sino que ahora el Estado se hace cargo. Y vosotros, a descansar. Mamá-Estado se ocupa. Qué bien.
Aquí hay dos cosas atroces. Una: que el Estado invada la competencia de la familia en el ámbito moral, extirpe la libertad de educar conforme a los propios principios e imponga a las personas una determinada concepción de las cosas. Esto es algo que sólo cabe en una democracia corrompida, cuando una clase política aupada al poder se atribuye una potestad que nadie le ha concedido. Es también curioso que el Estado venga a clavarnos esta zarpa justo cuando más debilitado está: el Estado ya apenas nos protege, ha dejado de dominar su propia moneda, ha subordinado la Defensa a grandes organizaciones internacionales, las empresas han de recurrir a guardias privados porque la policía no basta, los ciudadanos han de pagarse la sanidad por su cuenta si quieren ser bien atendidos, hemos de suscribir planes de pensiones con los bancos porque la jubilación no nos llegará… Y es este Estado, decrépito e impotente, el que se permite ahora secuestrar la soberanía moral de las personas singulares. Repito: no de la Iglesia, ni de la Conferencia Episcopal ni del PP, sino la soberanía moral de las personas singulares, de la gente de la calle, tu soberanía y la mía.
La segunda cosa atroz es esta otra: la invasión del espacio moral viene bajo las banderas de una visión absolutamente sectaria de las cosas, una visión que se ha construido en el último cuarto de siglo bajo los escombros de dogmas ideológicos derrumbados, una visión expresamente contraria a la cultura mayoritaria de la sociedad, a los fundamentos tradicionales de nuestra civilización, a los principios objetivos de lo que centenares de generaciones de europeos han considerado natural. No estamos ante un movimiento de “progreso”; estamos ante un movimiento de simple inversión. El propósito de los invasores no es otro que darle la vuelta a todo. ¿Y pueden hacerlo? Moralmente, no. Pero si nadie se opone, ¿por qué no? Y aquí es donde se echa de menos un poco más de nervio ciudadano.
Por ahí, en la plaza, uno oye de todo. Que si no llegará la sangre al río. Que si ya lo arreglarán las comunidades autónomas. Que si no será tan fiero el león como lo pintan. Que si, después de todo, sólo es una asignatura, que dejará tan poca huella en los alumnos como las demás (¿?). Que, al fin y al cabo, eso que se enseña en Educación para la Ciudadanía es lo que se ve en la calle, y que los niños tienen que ir haciéndose a esas cosas. Excusas de mal pagador. Sobre todo, excusas ciegas, expedientes para escurrir el bulto y no querer afrontar lo esencial, a saber: que no se trata de que se enseñe tal o cual cosa, sino de que pretenden robarnos una porción importantísima de libertad personal.
Es la libertad
Veréis: uno puede tolerar que el mundo sea una cueva de ladrones, que la televisión se haya convertido en territorio canalla, que los políticos abusen de las esperanzas de la gente (y los banqueros, de sus ilusiones), que los periódicos y la publicidad impongan una forma de ser y pensar decididamente absurda… Uno puede soportar todo eso porque, al fin y al cabo, ante la avalancha siempre es posible clavarse en la puerta de casa, coger el hacha y gritar “no pasarán”. Pero lo que uno no puede tolerar es que cojan a tus hijos y les laven el coco al progresista modo. Por ahí no se puede pasar. Porque se trata de vuestros hijos. Y sin embargo, hermanos, lo estáis tolerando. ¿Qué os pasa? ¿Es que no tenéis sangre en las venas?
A los medios de la derecha religiosa, que admiran el ejemplo norteamericano, les gusta entregarse a ensoñaciones de regeneración, incluso de cruzada. Sueño vano. ¿Sabéis por qué en las sociedades con mayoría católica es impensable, hoy por hoy, un proceso semejante al norteamericano? Porque en los Estados Unidos la mayoría religiosa avanza sobre la base de asociaciones civiles, grupos de ciudadanos, comunidades con una voluntad de presencia política y social; pero aquí, en la Europa cristiana, y más especialmente católica, sólo una minoría exigua de ciudadanos actúa en la sociedad como creyente, el tejido asociativo civil es mínimo o inexistente, su capacidad de presencia social y política es reducidísima, muchos creyentes tienen alergia a la política o carecen de formación, la inmensa mayoría de los ciudadanos opta por la pasividad pública y prefiere delegarlo todo –en parte por tradición, en parte por pereza- en las espaldas de la jerarquía. “Los obispos sabrán qué hay que hacer” es una frase extraordinariamente socorrida. Y los obispos lo saben, claro que sí, pero el problema es que no son ellos quienes pueden hacer, sino los ciudadanos, las personas, y para eso hace falta un grado de compromiso que se diría completamente inalcanzable.
Por supuesto: este reproche va dirigido a unos católicos que parecen haber perdido por completo el sentido de la libertad personal, pero al menos aquí, entre la grey de los fieles, ha habido voces dispuestas a jugarse el pecho. Mucho peor es la situación ahí fuera, en la llamada “sociedad”, donde una muchedumbre infinita de almas grises se muestra dispuesta a tragarlo todo con tal de no someter a agitación su adiposa conciencia. La reacción de los católicos ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía es tibia hasta la depresión, pero la actitud general de la sociedad es indiferente hasta la náusea. Hemos llegado a un punto tal de sumisión –al sistema, al dinero, a la comodidad burguesa, a lo “políticamente correcto”- que cuesta un mundo hacer ver a la gente que lo que está en juego es su libertad. Esa es la imagen del tirano de nuestro tiempo: ya no un déspota que te roba la cartera mientras te amenaza con la porra, sino un simpático cacicón que, mientras te rasca la barriga, te roba el alma. Y tú aún vas y te ríes.
Hay que presentar la objeción de conciencia contra esta asignatura. Es vital. Habría que hacerlo incluso si uno estuviera de acuerdo con los planteamientos doctrinales del Gobierno, porque ni siquiera en ese caso estaría justificado que el Estado se arrogue el derecho a imponerlos por ley. Jünger decía en alguna parte que la verdadera libertad es la que reside en el propio pecho. Esta gente nos quiere abrir el pecho y sacarnos la libertad como se sacaba el corazón en los viejos sacrificios humanos. No. No pasarán. Objeta. Mañana. Ya.
¿Es que no tenéis sangre en las venas? (Reproche para católicos)
José Javier Esparza
Es por lo de la Educación para la Ciudadanía, claro. ¿Por qué iba a ser, si no? Es el mayor atentado que se ha tramado en decenios contra la autonomía moral de la gente. Es la mayor intromisión imaginable en la libertad de verdad, que es la libertad interior. Y sin embargo, aquí apenas se mueven cuatro gatos. La prensa disidente hace circular titulares de impacto: “Ya hay 3.500 objetores en el mes de junio”. Gran cosa, ¿eh? Tres mil quinientos en todo el país. En un vagón del Metro caben doscientas personas. Echad la cuenta. Es verdad que en las Termópilas bastaron trescientos. Pero esto es otra cosa. Esto es peor.
¿Dónde os habéis metido? ¿Debajo de las piedras? ¿Es que nadie os ha explicado lo que os estáis jugando? ¿O es que no lo queréis ver –para no fatigaros, tal vez, o para no meteros “en líos”?
A vuestros hijos van a enseñarles que nada es verdad ni mentira, sino que todo depende del color con que se mira –y que ese color, mayormente, tira a bermellón. Van a enseñarles que no existe una forma recta de ser y de estar, sino que todas valen lo mismo –es decir que lo malo es bueno, porque lo bueno no es tal. Van a enseñarles que ETA es un grupo vasco armado que fue torturado alevosamente por la democracia española. Van a enseñarles que la guerra civil no ha terminado y que la reconciliación fue un error, porque no hizo justicia. Van a enseñarles que papá y mamá son conceptos vacíos e intercambiables por otros. Van a enseñarles todo eso, no con materiales teóricos mínimamente contrastables, sino con una buena porción de bazofia que, por otro lado, jamás fue escrita para educar a nadie, sino, deliberadamente, para todo lo contrario. Y lo más importante: os están diciendo, no a vuestros hijos, sino a vosotros, que la formación moral de los críos ya no es cosa vuestra, sino que ahora el Estado se hace cargo. Y vosotros, a descansar. Mamá-Estado se ocupa. Qué bien.
Aquí hay dos cosas atroces. Una: que el Estado invada la competencia de la familia en el ámbito moral, extirpe la libertad de educar conforme a los propios principios e imponga a las personas una determinada concepción de las cosas. Esto es algo que sólo cabe en una democracia corrompida, cuando una clase política aupada al poder se atribuye una potestad que nadie le ha concedido. Es también curioso que el Estado venga a clavarnos esta zarpa justo cuando más debilitado está: el Estado ya apenas nos protege, ha dejado de dominar su propia moneda, ha subordinado la Defensa a grandes organizaciones internacionales, las empresas han de recurrir a guardias privados porque la policía no basta, los ciudadanos han de pagarse la sanidad por su cuenta si quieren ser bien atendidos, hemos de suscribir planes de pensiones con los bancos porque la jubilación no nos llegará… Y es este Estado, decrépito e impotente, el que se permite ahora secuestrar la soberanía moral de las personas singulares. Repito: no de la Iglesia, ni de la Conferencia Episcopal ni del PP, sino la soberanía moral de las personas singulares, de la gente de la calle, tu soberanía y la mía.
La segunda cosa atroz es esta otra: la invasión del espacio moral viene bajo las banderas de una visión absolutamente sectaria de las cosas, una visión que se ha construido en el último cuarto de siglo bajo los escombros de dogmas ideológicos derrumbados, una visión expresamente contraria a la cultura mayoritaria de la sociedad, a los fundamentos tradicionales de nuestra civilización, a los principios objetivos de lo que centenares de generaciones de europeos han considerado natural. No estamos ante un movimiento de “progreso”; estamos ante un movimiento de simple inversión. El propósito de los invasores no es otro que darle la vuelta a todo. ¿Y pueden hacerlo? Moralmente, no. Pero si nadie se opone, ¿por qué no? Y aquí es donde se echa de menos un poco más de nervio ciudadano.
Por ahí, en la plaza, uno oye de todo. Que si no llegará la sangre al río. Que si ya lo arreglarán las comunidades autónomas. Que si no será tan fiero el león como lo pintan. Que si, después de todo, sólo es una asignatura, que dejará tan poca huella en los alumnos como las demás (¿?). Que, al fin y al cabo, eso que se enseña en Educación para la Ciudadanía es lo que se ve en la calle, y que los niños tienen que ir haciéndose a esas cosas. Excusas de mal pagador. Sobre todo, excusas ciegas, expedientes para escurrir el bulto y no querer afrontar lo esencial, a saber: que no se trata de que se enseñe tal o cual cosa, sino de que pretenden robarnos una porción importantísima de libertad personal.
Es la libertad
Veréis: uno puede tolerar que el mundo sea una cueva de ladrones, que la televisión se haya convertido en territorio canalla, que los políticos abusen de las esperanzas de la gente (y los banqueros, de sus ilusiones), que los periódicos y la publicidad impongan una forma de ser y pensar decididamente absurda… Uno puede soportar todo eso porque, al fin y al cabo, ante la avalancha siempre es posible clavarse en la puerta de casa, coger el hacha y gritar “no pasarán”. Pero lo que uno no puede tolerar es que cojan a tus hijos y les laven el coco al progresista modo. Por ahí no se puede pasar. Porque se trata de vuestros hijos. Y sin embargo, hermanos, lo estáis tolerando. ¿Qué os pasa? ¿Es que no tenéis sangre en las venas?
A los medios de la derecha religiosa, que admiran el ejemplo norteamericano, les gusta entregarse a ensoñaciones de regeneración, incluso de cruzada. Sueño vano. ¿Sabéis por qué en las sociedades con mayoría católica es impensable, hoy por hoy, un proceso semejante al norteamericano? Porque en los Estados Unidos la mayoría religiosa avanza sobre la base de asociaciones civiles, grupos de ciudadanos, comunidades con una voluntad de presencia política y social; pero aquí, en la Europa cristiana, y más especialmente católica, sólo una minoría exigua de ciudadanos actúa en la sociedad como creyente, el tejido asociativo civil es mínimo o inexistente, su capacidad de presencia social y política es reducidísima, muchos creyentes tienen alergia a la política o carecen de formación, la inmensa mayoría de los ciudadanos opta por la pasividad pública y prefiere delegarlo todo –en parte por tradición, en parte por pereza- en las espaldas de la jerarquía. “Los obispos sabrán qué hay que hacer” es una frase extraordinariamente socorrida. Y los obispos lo saben, claro que sí, pero el problema es que no son ellos quienes pueden hacer, sino los ciudadanos, las personas, y para eso hace falta un grado de compromiso que se diría completamente inalcanzable.
Por supuesto: este reproche va dirigido a unos católicos que parecen haber perdido por completo el sentido de la libertad personal, pero al menos aquí, entre la grey de los fieles, ha habido voces dispuestas a jugarse el pecho. Mucho peor es la situación ahí fuera, en la llamada “sociedad”, donde una muchedumbre infinita de almas grises se muestra dispuesta a tragarlo todo con tal de no someter a agitación su adiposa conciencia. La reacción de los católicos ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía es tibia hasta la depresión, pero la actitud general de la sociedad es indiferente hasta la náusea. Hemos llegado a un punto tal de sumisión –al sistema, al dinero, a la comodidad burguesa, a lo “políticamente correcto”- que cuesta un mundo hacer ver a la gente que lo que está en juego es su libertad. Esa es la imagen del tirano de nuestro tiempo: ya no un déspota que te roba la cartera mientras te amenaza con la porra, sino un simpático cacicón que, mientras te rasca la barriga, te roba el alma. Y tú aún vas y te ríes.
Hay que presentar la objeción de conciencia contra esta asignatura. Es vital. Habría que hacerlo incluso si uno estuviera de acuerdo con los planteamientos doctrinales del Gobierno, porque ni siquiera en ese caso estaría justificado que el Estado se arrogue el derecho a imponerlos por ley. Jünger decía en alguna parte que la verdadera libertad es la que reside en el propio pecho. Esta gente nos quiere abrir el pecho y sacarnos la libertad como se sacaba el corazón en los viejos sacrificios humanos. No. No pasarán. Objeta. Mañana. Ya.
domingo, 24 de junio de 2007
Encefalograma plano (y II)
NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA: El desenlace
El PSOE dijo no al acuerdo político tras comprometerse ETA a desmantelar sus estructuras militares como consecuencia del proceso.
El pasado 21 de mayo se celebró la reunión definitiva de este intento de proceso de resolución. Ese día sólo se reunieron las delegaciones de PSOE y Batasuna. La primera rechazó el acuerdo político que se le proponía. Días antes, ETA se había comprometido, ante los mediadores y cualificados observadores internacionales, a «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares» si se lograba un compromiso global y el proceso se llevaba hasta el final. El Gobierno se negó incluso a recoger ese texto. Tras el no al acuerdo político, la negociación se dio por finiquitada.
Casi dos años después de que Gobierno y ETA suscribieran el compromiso de aceptar el acuerdo político que alcanzaran los partidos vascos, el pasado 21 de mayo el PSOE rechazó en una ciudad europea la última propuesta presentada por Batasuna. Tomó esta decisión después de que ETA notificara en dos ocasiones al Ejecutivo su compromiso de «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares» en el marco del desarrollo del proceso de resolución del conflicto que pondría en marcha este acuerdo político, según ha podido saber GARA de fuentes absolutamente ciertas y documentadas.
Antes, en una ronda previa -realizada en los primeros días del mes de mayo- al intento final en plena campaña, ETA puso sobre la mesa una propuesta global, en un momento en que en Euskal Herria todas las miradas estaban fijadas en la impugnación de las listas electorales de la izquierda abertzale. En este primer contacto directo realizado por ambas delegaciones desde las celebradas en marzo, de los que este diario dio cuenta ayer, ETA hizo entrega a la otra parte de una propuesta de acuerdo con varios puntos, entre los que se incluían los compromisos citados anteriormente -propuesta que incluimos en la página 5-.
Según ha sabido GARA, el representante del Ejecutivo -a esa cita sólo acudió uno- se negó a recoger el documento, y lo dejó en manos de los mediadores, argumentando que desde el punto de vista del Gobierno el proceso estaba roto y que recibirlo podía evidenciar lo contrario.
Sin embargo, la relación exacta de los compromisos a adoptar por parte de ETA volvió a ser sacada a la mesa por la organización armada en las reuniones celebradas entre el 14 y el 21 de mayo, ya en presencia de cinco observadores internacionales muy relevantes. Los representantes del Gobierno respondieron entonces, sólo de modo verbal y a través de los mediadores, que consideraban el planteamiento positivo y que ofrecía posibilidades reales de avanzar en la mesa técnica sobre esa base. Sin embargo, el PSOE rechazaba finalmente el acuerdo político, y este último intento -al que se intentó dar más efectividad combinando las dos mesas (Gobierno-ETA y PSOE-Batasuna)- se venía abajo.
2012 como fin de camino
El Ejecutivo español no sólo se negó a recoger la propuesta y la valoró únicamente de modo verbal, sino que también rechazó de modo expreso la posibilidad de hacer una contrapropuesta o una aportación por escrito. La oferta de acuerdo definida por ETA, por su parte, tenía nueve puntos y una dimensión «diplomática» que fue aplaudida expresamente por la organización internacional experta en mediaciones para resolución de conflictos que colaboró en todo el proceso de nego- ciación y ejerció también el arbitraje en esta ronda final de reuniones.
Estos nueve puntos fueron presentados por ETA como un desarrollo y concreción de la propuesta formulada en diciembre de 2006 y que fijaba la clave para avanzar en la consecución del acuerdo político entre los partidos vascos, cuestión asumida ya por ambas partes en las negociaciones de 2005. Esto llevaría al diseño inédito utilizado a mediados de mayo, con reuniones intercaladas entre las dos mesas, que se llevaron a cabo en un mismo lugar como ya informó GARA.
El texto presentado por ETA incidía en que el acuerdo político haría que el conflicto fuera superado. Apuntaba que en él se deberían incluir los principios acordados en el año 2005, con el preámbulo y las aclaraciones correspondientes (fijadas también por escrito entonces). Como bases para el consenso, ETA cita dos: la unidad territorial de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con un único marco jurídico-político que debe ser refrendado por el pueblo, y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro. Ambas cuestiones se hallan recogidas en la llamada Propuesta de Marco Democrático presentada por la izquierda abertzale en el Pabellón Anaitasuna de Iruñea.
La organización armada plantea incluso un calendario definido para desarrollar los cambios necesarios: la legislatura estatal que debe arrancar en 2008 y concluir en 2012. Propone que todo se haga partiendo de la legalidad vigente, pero que ésta sea modificada en lo que sea preciso, de modo que no siga suponiendo un límite para la voluntad de la ciudadanía vasca, sino la garantía de su ejercicio.
Todo esto conforma el punto clave de la propuesta de ETA que los enviados de Zapatero se niegan a recibir pero que sí es incluida en las actas y recibida por la mediación y por los observadores internacionales. El resto de los artículos recogen compromisos que complementan y desarrollan este proceso, en algunos casos con plazos cerrados. Así, se plantea que el Gobierno español tendrá que legalizar ASB y las listas antes de las elecciones del 27 de mayo, aunque dispondrá de seis meses más de tope después para derogar la Ley de Partidos, como ha solicitado en las negociaciones previas. En esta fase, le corresponderá desactivar leyes de excepción y humanizar la situación carcelaria con la liberación de los presos enfermos, la derogación de la nueva doctrina para imponer cadenas perpetuas y la repatriación y el reagrupamiento de los presos. Tendrá que poner en práctica también las garantías acordadas ya en 2005 pero incumplidas sistemáticamente con detenciones, controles o veto a la actividad política. Y todo ello dará paso a la llamada «tercera fase» de la negociación, en la que Gobierno y ETA abordarán las cuestiones pendientes (presos, exiliados, víctimas, desmilitarización, Comisión de Verificación...).
¿Cuáles son los compromisos que se impone la organización armada? Primero, mantener el alto el fuego sin realizar acciones de abastecimiento. Además, expresarlo públicamente añadiendo la anulación de la posibilidad de «respuesta armada», materializada con el atentado de Barajas. Y, junto a todo ello, en el marco del desarrollo de este proceso de resolución, desactivar la lucha armada y desmantelar estructura militares.
Esta propuesta, presentada por primera vez como queda dicho en los primeros días de mayo, viene a poner un nuevo marco y a abrir otro horizonte a los encuentros a cuatro bandas realizados a mediados de mayo. De hecho, la aportación cambia visiblemente el rumbo de la reunión en la que el texto se pone sobre la mesa, que había arrancado marcada por el escepticismo tras los contactos infructuosos de marzo.
De ello da muestra la evolución de la posición del único interlocutor del Gobierno en esas reuniones previas al intento final de mediados de mayo (aunque remarca que es el máximo representante del equipo negociador). Pide al inicio, como en marzo, un comunicado de ETA que amplíe el carácter del alto el fuego como condición para avanzar (argumenta que tras Barajas el Gobierno no tiene siquera aval del Congreso para sentarse a hablar); sin embargo, y pese a negarse a recogerla, al final de la cita admite que la propuesta de ETA abre opciones de reactivar un proceso, «esperemos que con más solidez que en la etapa anterior».
Sobre esa nueva base cuaja por tanto la doble reunión entre el 14 y el 21 de mayo, sin precedente conocido ni por su esquema (doble mesa), ni por la presencia de observadores interna- cionales (tres delegaciones procedentes de diferentes naciones europeas) ni por la duración (cuatro reuniones a lo largo de una semana, hasta concluir el día 21, todo ello en plena campaña electoral en Euskal Herria y en el Estado español).
De algunos pormenores de este intento ya dio cuenta GARA de modo resumido el día 15; por ejemplo, de la participación de Arnaldo Otegi en la mesa política, días antes de su fulminante encarcelamiento. Diferentes medios vascos y españoles han especulado en los últimos días sobre la participación también de Sinn Féin o sobre la opción de que uno de los representantes españoles en la mesa «técnica» fuera el número 2 de Exteriores, León. Lo sustancial, en cualquier caso, son las coordenadas de la discusión y el motivo final de la ruptura.
Las reuniones entre Gobierno y ETA se inician con las consideraciones generales de las partes. Constituyen una especie de resumen del proceso para los observadores internacionales presentes en la sala. Los enviados del PSOE aseguran que llegan dispuestos a desbloquear la búsqueda del acuerdo político, aunque insisten en culpar a ETA de tratar de «tutelarlo», en la línea del mensaje patentado por el PNV, que no ha sido invitado a esta ronda por entenderse que supone un obstáculo. Resulta significativo que los representantes de La Moncloa revoquen algunos compromisos adoptados por su parte en 2005 en el marco del acuerdo que llevaría al alto el fuego. Por primera vez alegan que no es posible «detener el Estado de Derecho» y que tampoco cabe lograr el pacto de Estado al que se comprometieron y que situaron como tarea pendiente.
En el otro lado de la mesa, la delegación de ETA detalla una vez más los incumplimientos de compromisos y garantías desde el inicio, y reitera que el atentado de la T-4 respondió a eso. Ante la atenta mirada de los representantes internacionales, des- taca la opción de solucionar un conflicto cuya duración cifra en 200 años, y cita como factor alentador que en Europa son abundantes los ejemplos de resolución de conflictos a partir del reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos.
Las reuniones se intercalan. Gobierno y ETA dan paso a la mesa formada por PSOE y Batasuna de modo intermitente. En las intervenciones del Ejecutivo español y la organización armada se observa una diferencia sustancial, pero quizás no insalvable: para ETA, lo importante es el acuerdo político, cuyo desarrollo está dispuesto a acompañar con sus compromisos de desarme; para el Gobierno, por contra, la clave es la ausencia de lucha armada y el acuerdo se puede ir trabajando.
Esta divergencia de fondo aflora en algunos intensos rifirrafes: según dice uno de los enviados de Zapatero en un momento concreto, ETA está planteando que «o acuerdo ahora o se pone una bomba»; la organización replica acusándole de frivolizar y recuerda que siempre ha aceptado que la búsqueda de consenso se desarrolle en ausencia de violencias.
Tras la tercera reunión, se palpa con claridad que en esta mesa no hay mucho más de qué hablar. La clave está en la otra, donde la izquierda abertzale insiste en el planteamiento de autonomía a cuatro con derecho a decidir y trata de mover el no del PSOE. ETA, en consecuencia, anuncia que no se reunirá de nuevo con el Ejecutivo por dos razones: la clave del desbloqueo es lograr el acuerdo político, y no existen condiciones mínimas para seguir hablando con un gobierno que no ha dejado de vulnerar su palabra.
El 21, por tanto, sólo se sientan PSOE y Batasuna. Dos personas a cada lado. A la salida se confirma que no hay acuerdo político. La negociación entre ETA y el Gobierno queda en situación de ruptura. Y la organización armada comunica a los presentes que queda libre de los compromisos adquiridos en 2005. El 5 de junio anuncia el final del alto el fuego. El Gobierno español ya lo ha avanzado a través de filtraciones a medios cercanos.
Y quien no quiera ver... que cierre los ojos, pero, por favor, que mire primero dónde vomita.
El PSOE dijo no al acuerdo político tras comprometerse ETA a desmantelar sus estructuras militares como consecuencia del proceso.
El pasado 21 de mayo se celebró la reunión definitiva de este intento de proceso de resolución. Ese día sólo se reunieron las delegaciones de PSOE y Batasuna. La primera rechazó el acuerdo político que se le proponía. Días antes, ETA se había comprometido, ante los mediadores y cualificados observadores internacionales, a «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares» si se lograba un compromiso global y el proceso se llevaba hasta el final. El Gobierno se negó incluso a recoger ese texto. Tras el no al acuerdo político, la negociación se dio por finiquitada.
Casi dos años después de que Gobierno y ETA suscribieran el compromiso de aceptar el acuerdo político que alcanzaran los partidos vascos, el pasado 21 de mayo el PSOE rechazó en una ciudad europea la última propuesta presentada por Batasuna. Tomó esta decisión después de que ETA notificara en dos ocasiones al Ejecutivo su compromiso de «desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares» en el marco del desarrollo del proceso de resolución del conflicto que pondría en marcha este acuerdo político, según ha podido saber GARA de fuentes absolutamente ciertas y documentadas.
Antes, en una ronda previa -realizada en los primeros días del mes de mayo- al intento final en plena campaña, ETA puso sobre la mesa una propuesta global, en un momento en que en Euskal Herria todas las miradas estaban fijadas en la impugnación de las listas electorales de la izquierda abertzale. En este primer contacto directo realizado por ambas delegaciones desde las celebradas en marzo, de los que este diario dio cuenta ayer, ETA hizo entrega a la otra parte de una propuesta de acuerdo con varios puntos, entre los que se incluían los compromisos citados anteriormente -propuesta que incluimos en la página 5-.
Según ha sabido GARA, el representante del Ejecutivo -a esa cita sólo acudió uno- se negó a recoger el documento, y lo dejó en manos de los mediadores, argumentando que desde el punto de vista del Gobierno el proceso estaba roto y que recibirlo podía evidenciar lo contrario.
Sin embargo, la relación exacta de los compromisos a adoptar por parte de ETA volvió a ser sacada a la mesa por la organización armada en las reuniones celebradas entre el 14 y el 21 de mayo, ya en presencia de cinco observadores internacionales muy relevantes. Los representantes del Gobierno respondieron entonces, sólo de modo verbal y a través de los mediadores, que consideraban el planteamiento positivo y que ofrecía posibilidades reales de avanzar en la mesa técnica sobre esa base. Sin embargo, el PSOE rechazaba finalmente el acuerdo político, y este último intento -al que se intentó dar más efectividad combinando las dos mesas (Gobierno-ETA y PSOE-Batasuna)- se venía abajo.
2012 como fin de camino
El Ejecutivo español no sólo se negó a recoger la propuesta y la valoró únicamente de modo verbal, sino que también rechazó de modo expreso la posibilidad de hacer una contrapropuesta o una aportación por escrito. La oferta de acuerdo definida por ETA, por su parte, tenía nueve puntos y una dimensión «diplomática» que fue aplaudida expresamente por la organización internacional experta en mediaciones para resolución de conflictos que colaboró en todo el proceso de nego- ciación y ejerció también el arbitraje en esta ronda final de reuniones.
Estos nueve puntos fueron presentados por ETA como un desarrollo y concreción de la propuesta formulada en diciembre de 2006 y que fijaba la clave para avanzar en la consecución del acuerdo político entre los partidos vascos, cuestión asumida ya por ambas partes en las negociaciones de 2005. Esto llevaría al diseño inédito utilizado a mediados de mayo, con reuniones intercaladas entre las dos mesas, que se llevaron a cabo en un mismo lugar como ya informó GARA.
El texto presentado por ETA incidía en que el acuerdo político haría que el conflicto fuera superado. Apuntaba que en él se deberían incluir los principios acordados en el año 2005, con el preámbulo y las aclaraciones correspondientes (fijadas también por escrito entonces). Como bases para el consenso, ETA cita dos: la unidad territorial de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa con un único marco jurídico-político que debe ser refrendado por el pueblo, y el derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro. Ambas cuestiones se hallan recogidas en la llamada Propuesta de Marco Democrático presentada por la izquierda abertzale en el Pabellón Anaitasuna de Iruñea.
La organización armada plantea incluso un calendario definido para desarrollar los cambios necesarios: la legislatura estatal que debe arrancar en 2008 y concluir en 2012. Propone que todo se haga partiendo de la legalidad vigente, pero que ésta sea modificada en lo que sea preciso, de modo que no siga suponiendo un límite para la voluntad de la ciudadanía vasca, sino la garantía de su ejercicio.
Todo esto conforma el punto clave de la propuesta de ETA que los enviados de Zapatero se niegan a recibir pero que sí es incluida en las actas y recibida por la mediación y por los observadores internacionales. El resto de los artículos recogen compromisos que complementan y desarrollan este proceso, en algunos casos con plazos cerrados. Así, se plantea que el Gobierno español tendrá que legalizar ASB y las listas antes de las elecciones del 27 de mayo, aunque dispondrá de seis meses más de tope después para derogar la Ley de Partidos, como ha solicitado en las negociaciones previas. En esta fase, le corresponderá desactivar leyes de excepción y humanizar la situación carcelaria con la liberación de los presos enfermos, la derogación de la nueva doctrina para imponer cadenas perpetuas y la repatriación y el reagrupamiento de los presos. Tendrá que poner en práctica también las garantías acordadas ya en 2005 pero incumplidas sistemáticamente con detenciones, controles o veto a la actividad política. Y todo ello dará paso a la llamada «tercera fase» de la negociación, en la que Gobierno y ETA abordarán las cuestiones pendientes (presos, exiliados, víctimas, desmilitarización, Comisión de Verificación...).
¿Cuáles son los compromisos que se impone la organización armada? Primero, mantener el alto el fuego sin realizar acciones de abastecimiento. Además, expresarlo públicamente añadiendo la anulación de la posibilidad de «respuesta armada», materializada con el atentado de Barajas. Y, junto a todo ello, en el marco del desarrollo de este proceso de resolución, desactivar la lucha armada y desmantelar estructura militares.
Las reuniones de mayo
Esta propuesta, presentada por primera vez como queda dicho en los primeros días de mayo, viene a poner un nuevo marco y a abrir otro horizonte a los encuentros a cuatro bandas realizados a mediados de mayo. De hecho, la aportación cambia visiblemente el rumbo de la reunión en la que el texto se pone sobre la mesa, que había arrancado marcada por el escepticismo tras los contactos infructuosos de marzo.
De ello da muestra la evolución de la posición del único interlocutor del Gobierno en esas reuniones previas al intento final de mediados de mayo (aunque remarca que es el máximo representante del equipo negociador). Pide al inicio, como en marzo, un comunicado de ETA que amplíe el carácter del alto el fuego como condición para avanzar (argumenta que tras Barajas el Gobierno no tiene siquera aval del Congreso para sentarse a hablar); sin embargo, y pese a negarse a recogerla, al final de la cita admite que la propuesta de ETA abre opciones de reactivar un proceso, «esperemos que con más solidez que en la etapa anterior».
Sobre esa nueva base cuaja por tanto la doble reunión entre el 14 y el 21 de mayo, sin precedente conocido ni por su esquema (doble mesa), ni por la presencia de observadores interna- cionales (tres delegaciones procedentes de diferentes naciones europeas) ni por la duración (cuatro reuniones a lo largo de una semana, hasta concluir el día 21, todo ello en plena campaña electoral en Euskal Herria y en el Estado español).
De algunos pormenores de este intento ya dio cuenta GARA de modo resumido el día 15; por ejemplo, de la participación de Arnaldo Otegi en la mesa política, días antes de su fulminante encarcelamiento. Diferentes medios vascos y españoles han especulado en los últimos días sobre la participación también de Sinn Féin o sobre la opción de que uno de los representantes españoles en la mesa «técnica» fuera el número 2 de Exteriores, León. Lo sustancial, en cualquier caso, son las coordenadas de la discusión y el motivo final de la ruptura.
Las reuniones entre Gobierno y ETA se inician con las consideraciones generales de las partes. Constituyen una especie de resumen del proceso para los observadores internacionales presentes en la sala. Los enviados del PSOE aseguran que llegan dispuestos a desbloquear la búsqueda del acuerdo político, aunque insisten en culpar a ETA de tratar de «tutelarlo», en la línea del mensaje patentado por el PNV, que no ha sido invitado a esta ronda por entenderse que supone un obstáculo. Resulta significativo que los representantes de La Moncloa revoquen algunos compromisos adoptados por su parte en 2005 en el marco del acuerdo que llevaría al alto el fuego. Por primera vez alegan que no es posible «detener el Estado de Derecho» y que tampoco cabe lograr el pacto de Estado al que se comprometieron y que situaron como tarea pendiente.
En el otro lado de la mesa, la delegación de ETA detalla una vez más los incumplimientos de compromisos y garantías desde el inicio, y reitera que el atentado de la T-4 respondió a eso. Ante la atenta mirada de los representantes internacionales, des- taca la opción de solucionar un conflicto cuya duración cifra en 200 años, y cita como factor alentador que en Europa son abundantes los ejemplos de resolución de conflictos a partir del reconocimiento del derecho a decidir de los pueblos.
Las reuniones se intercalan. Gobierno y ETA dan paso a la mesa formada por PSOE y Batasuna de modo intermitente. En las intervenciones del Ejecutivo español y la organización armada se observa una diferencia sustancial, pero quizás no insalvable: para ETA, lo importante es el acuerdo político, cuyo desarrollo está dispuesto a acompañar con sus compromisos de desarme; para el Gobierno, por contra, la clave es la ausencia de lucha armada y el acuerdo se puede ir trabajando.
Esta divergencia de fondo aflora en algunos intensos rifirrafes: según dice uno de los enviados de Zapatero en un momento concreto, ETA está planteando que «o acuerdo ahora o se pone una bomba»; la organización replica acusándole de frivolizar y recuerda que siempre ha aceptado que la búsqueda de consenso se desarrolle en ausencia de violencias.
Tras la tercera reunión, se palpa con claridad que en esta mesa no hay mucho más de qué hablar. La clave está en la otra, donde la izquierda abertzale insiste en el planteamiento de autonomía a cuatro con derecho a decidir y trata de mover el no del PSOE. ETA, en consecuencia, anuncia que no se reunirá de nuevo con el Ejecutivo por dos razones: la clave del desbloqueo es lograr el acuerdo político, y no existen condiciones mínimas para seguir hablando con un gobierno que no ha dejado de vulnerar su palabra.
El 21, por tanto, sólo se sientan PSOE y Batasuna. Dos personas a cada lado. A la salida se confirma que no hay acuerdo político. La negociación entre ETA y el Gobierno queda en situación de ruptura. Y la organización armada comunica a los presentes que queda libre de los compromisos adquiridos en 2005. El 5 de junio anuncia el final del alto el fuego. El Gobierno español ya lo ha avanzado a través de filtraciones a medios cercanos.
Nueve puntos fueron los presentados por ETA como un desarrollo y concreción de la propuesta formulada en diciembre de 2006. En ellos se fijaba la clave para avanzar en la consecución del acuerdo político entre los partidos vascos, cuestión asumida ya por ambas partes en 2005.
El Gobierno intentó negociar las listas para el 27-M y ofreció legalidad en futuros comicios
La primera de las reuniones entre Gobierno español y ETA en esta fase final se produce en los días en que la Fiscalía y la Abogacía del Estado trabajan intensamente para vetar listas electorales de la izquierda abertzale. La tanda posterior se lleva a cabo ya iniciada la campaña. La cuestión, por tanto, tiene una notable repercusión en el diálogo en ambos momentos, y sirve para probar la diferencia de percepción de las partes por lo que respecta a la caracterización general del proceso.
Así, mientras ETA denuncia que con la ilegalización tanto de ASB como de las candidaturas el Gobierno hace imposible un proceso, el portavoz del Ejecutivo argumenta que hay listas de ANV que han pasado el filtro legal y se sorprende, o lo aparenta, de que «eso no le sea suficiente a ETA».
A la reunión culminada a inicios de mayo, el Ejecutivo llega intentando incluso en su primera intervención negociar con ETA «qué candidaturas se pueden salvar», según muestra la documentación a la que GARA ha tenido acceso. Y lo hacen avanzando de entrada, además, que ya tienen claro que «la mayoría no pasarán».
ETA ni siquiera contesta a este planteamiento concreto. Su reflexión general, ante el mensaje del interlocutor de Zapatero, es que de nuevo se refleja que el Gobierno ha querido utilizar este proceso para intentar «llevar a ETA a la rendición y debilitar-asimilar a la izquierda abertzale».
Frente al intento de usar a ANV en la mesa de negociación, la delegación de la organización armada responde que esta formación histórica tiene la misma legitimidad que cualquier otra para acudir a los comicios, pero que no es la apuesta de la izquierda abertzale. Trae a colación que ésta ya ha acudido al Ministerio del Interior español para inscribir un nuevo partido, Abertzale Sozialisten Batasuna, que sería atacado por el PSOE pocas horas después de su presentación. Desde el Ejecutivo, por contra, se tilda la presentación de ASB como «una iniciativa que parece destinada a confrontarse con la Ley de Partidos». En una reunión posterior, el enviado gubernamental se referiría al nuevo partido incluso como una «provocación».
El debate no va a parar a ningún sitio. El Gobierno no logra que ETA entre a negociar el número de listas que pueden pasar el filtro. Pero en un momento dado su representante hace aún una última pirueta: plantea que, dado que no hay tiempo para cambiar las cosas antes del 27-M, sí cabe garantizar la presencia de la izquierda abertzale en las estatales de 2008 y las autonómicas de la CAV de 2009.
El Gobierno intentó negociar las listas para el 27-M y ofreció legalidad en futuros comicios
La primera de las reuniones entre Gobierno español y ETA en esta fase final se produce en los días en que la Fiscalía y la Abogacía del Estado trabajan intensamente para vetar listas electorales de la izquierda abertzale. La tanda posterior se lleva a cabo ya iniciada la campaña. La cuestión, por tanto, tiene una notable repercusión en el diálogo en ambos momentos, y sirve para probar la diferencia de percepción de las partes por lo que respecta a la caracterización general del proceso.
Así, mientras ETA denuncia que con la ilegalización tanto de ASB como de las candidaturas el Gobierno hace imposible un proceso, el portavoz del Ejecutivo argumenta que hay listas de ANV que han pasado el filtro legal y se sorprende, o lo aparenta, de que «eso no le sea suficiente a ETA».
A la reunión culminada a inicios de mayo, el Ejecutivo llega intentando incluso en su primera intervención negociar con ETA «qué candidaturas se pueden salvar», según muestra la documentación a la que GARA ha tenido acceso. Y lo hacen avanzando de entrada, además, que ya tienen claro que «la mayoría no pasarán».
ETA ni siquiera contesta a este planteamiento concreto. Su reflexión general, ante el mensaje del interlocutor de Zapatero, es que de nuevo se refleja que el Gobierno ha querido utilizar este proceso para intentar «llevar a ETA a la rendición y debilitar-asimilar a la izquierda abertzale».
Frente al intento de usar a ANV en la mesa de negociación, la delegación de la organización armada responde que esta formación histórica tiene la misma legitimidad que cualquier otra para acudir a los comicios, pero que no es la apuesta de la izquierda abertzale. Trae a colación que ésta ya ha acudido al Ministerio del Interior español para inscribir un nuevo partido, Abertzale Sozialisten Batasuna, que sería atacado por el PSOE pocas horas después de su presentación. Desde el Ejecutivo, por contra, se tilda la presentación de ASB como «una iniciativa que parece destinada a confrontarse con la Ley de Partidos». En una reunión posterior, el enviado gubernamental se referiría al nuevo partido incluso como una «provocación».
El debate no va a parar a ningún sitio. El Gobierno no logra que ETA entre a negociar el número de listas que pueden pasar el filtro. Pero en un momento dado su representante hace aún una última pirueta: plantea que, dado que no hay tiempo para cambiar las cosas antes del 27-M, sí cabe garantizar la presencia de la izquierda abertzale en las estatales de 2008 y las autonómicas de la CAV de 2009.
Marcha atrás
Resulta significativo que en su intervención el representante de La Moncloa revoque algunos compromisos adoptados por su parte en 2005 en el marco del acuerdo que llevaría posteriormente al alto el fuego de ETA.
Observadores internacionales presenciaron las últimas reuniones y hablaron con Madrid
En las reuniones finales de mediados de mayo, junto a la presencia habitual del representante del Gobierno español, de los delegados de ETA y de los miembros del organismo encargado del arbitraje, había cinco caras nuevas. El intento de dotar a este encuentro de una mayor efectividad sentó en la mesa a cualificados políticos internacionales en calidad de «observadores»; uno de ellos procedía del país que había sido anfitrión de los contactos iniciales y los otros cuatro componían dos delegaciones distintas con valiosa experiencia en resolución de conflictos políticos.
Los observadores no intervinieron en las reuniones, pero tampoco se limitaron únicamente a escuchar, sino que se reunieron por separado con las dos partes y emprendieron algunas iniciativas destinadas a tratar de facilitar el éxito de las negociaciones. Por ejemplo, contactar con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Aunque las reuniones entre Gobierno y ETA finalizaron antes, estos observadores o testigos internacionales continuaron llevando a cabo una participación activa en la mesa de Batasuna y del PSOE.
Después de comprobar que no se alcanzaba el esperado acuerdo político que hubiera desbloqueado todo el proceso, consta que ETA les agradeció el interés mostrado y que lamentó que no hubiera servido su ayuda. Los observadores, en cualquier caso, regresaban a casa con un muy detallado conocimiento de la posición de las dos partes en la mesa de negociación y también sobre sus intenciones futuras.
La organización armada vasca, en concreto, se despidió con el mensaje de que la solución al conflicto vendrá del acuerdo político que no fue posible cerrar el 21 de mayo.
En las conversaciones previas a la ruptura de la negociación, pudieron escuchar asimismo que ninguna de las dos partes cerraba la opción del mantenimiento de los contactos, aunque se admitiera que su continuidad resulta lógicamente más peliaguda en un contexto de enfrentamiento reabierto.
Estos observadores internacionales no fueron los únicos que trataron de contribuir en la recta final de este proceso. La documentación a que ha tenido acceso GARA muestra que, a través del centro que ejerció la mediación en el proceso, partidos vascos también se dirigieron a La Moncloa para pedirle que tomara iniciativas favorecedoras, como la de no actuar contra listas de la izquierda abertzale. A lo que se ve, ninguna de estas iniciativas tuvo éxito.
Observadores internacionales presenciaron las últimas reuniones y hablaron con Madrid
En las reuniones finales de mediados de mayo, junto a la presencia habitual del representante del Gobierno español, de los delegados de ETA y de los miembros del organismo encargado del arbitraje, había cinco caras nuevas. El intento de dotar a este encuentro de una mayor efectividad sentó en la mesa a cualificados políticos internacionales en calidad de «observadores»; uno de ellos procedía del país que había sido anfitrión de los contactos iniciales y los otros cuatro componían dos delegaciones distintas con valiosa experiencia en resolución de conflictos políticos.
Los observadores no intervinieron en las reuniones, pero tampoco se limitaron únicamente a escuchar, sino que se reunieron por separado con las dos partes y emprendieron algunas iniciativas destinadas a tratar de facilitar el éxito de las negociaciones. Por ejemplo, contactar con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Aunque las reuniones entre Gobierno y ETA finalizaron antes, estos observadores o testigos internacionales continuaron llevando a cabo una participación activa en la mesa de Batasuna y del PSOE.
Después de comprobar que no se alcanzaba el esperado acuerdo político que hubiera desbloqueado todo el proceso, consta que ETA les agradeció el interés mostrado y que lamentó que no hubiera servido su ayuda. Los observadores, en cualquier caso, regresaban a casa con un muy detallado conocimiento de la posición de las dos partes en la mesa de negociación y también sobre sus intenciones futuras.
La organización armada vasca, en concreto, se despidió con el mensaje de que la solución al conflicto vendrá del acuerdo político que no fue posible cerrar el 21 de mayo.
En las conversaciones previas a la ruptura de la negociación, pudieron escuchar asimismo que ninguna de las dos partes cerraba la opción del mantenimiento de los contactos, aunque se admitiera que su continuidad resulta lógicamente más peliaguda en un contexto de enfrentamiento reabierto.
Estos observadores internacionales no fueron los únicos que trataron de contribuir en la recta final de este proceso. La documentación a que ha tenido acceso GARA muestra que, a través del centro que ejerció la mediación en el proceso, partidos vascos también se dirigieron a La Moncloa para pedirle que tomara iniciativas favorecedoras, como la de no actuar contra listas de la izquierda abertzale. A lo que se ve, ninguna de estas iniciativas tuvo éxito.
Propuesta de ETA al Gobierno español en mayo de 2007
«Ante la situación actual de bloqueo en el proceso de negociación y con el objetivo de establecer los pasos que permitan abrir nuevas etapas en el proceso de resolución del conflicto, ETA realiza la siguiente propuesta de Acuerdo al Gobierno español.
ETA entiende los siguientes puntos como un desarrollo y concreción de la propuesta presentada al Gobierno español en diciembre del 2006, respondiendo a la necesidad de elaborar una estrategia global y común para el desarrollo del proceso y la consecución de los objetivos políticos que garanticen la superación del conflicto.
ETA entiende los siguientes puntos como un desarrollo y concreción de la propuesta presentada al Gobierno español en diciembre del 2006, respondiendo a la necesidad de elaborar una estrategia global y común para el desarrollo del proceso y la consecución de los objetivos políticos que garanticen la superación del conflicto.
Acordamos:
ETA y el Gobierno español renuevan su compromiso hacia los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación y establecerán los mecanismos necesarios para su puesta en práctica.
ETA y el Gobierno español renuevan su compromiso hacia los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación y establecerán los mecanismos necesarios para su puesta en práctica.
Acordamos:
El Gobierno español se compromete a legalizar el partido político Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) así como las listas populares presentadas para las elecciones municipales y forales.
Tras la legalización de dicha formación política el Gobierno español garantizará que ningún miembro, estructura ni actividad política de dicha organización será objeto de persecución por parte de los poderes del Estado español en el desarrollo de su actividad política.
Se establece mayo del 2007 como la fecha límite para permitir la legalización de la actividad de Abertzale Sozialisten Batasuna.
El Gobierno español se compromete a legalizar el partido político Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) así como las listas populares presentadas para las elecciones municipales y forales.
Tras la legalización de dicha formación política el Gobierno español garantizará que ningún miembro, estructura ni actividad política de dicha organización será objeto de persecución por parte de los poderes del Estado español en el desarrollo de su actividad política.
Se establece mayo del 2007 como la fecha límite para permitir la legalización de la actividad de Abertzale Sozialisten Batasuna.
Acordamos:
El Gobierno español adquiere el compromiso de derogar la Ley de Partidos.
La derogación de la Ley de Partidos se producirá tras la celebración de las elecciones forales y municipales de mayo del 2007, en el plazo máximo de seis meses tras la fecha indicada.
El Gobierno español adquiere el compromiso de derogar la Ley de Partidos.
La derogación de la Ley de Partidos se producirá tras la celebración de las elecciones forales y municipales de mayo del 2007, en el plazo máximo de seis meses tras la fecha indicada.
Acordamos:
Los principios establecidos en los apartados correspondientes a la Declaración del Presidente del Gobierno, el Preámbulo y las aclaraciones, serán recogidos en un acuerdo político entre los partidos políticos vascos que garantice la superación del conflicto, en el marco de las conversaciones políticas iniciadas y en los foros constituidos a tal efecto.
El acuerdo político entre los partidos políticos vascos se firmará tras la celebración de las elecciones municipales y forales de mayo del 2007.
Dicho acuerdo político deberá recoger las bases políticas que resuelvan el conflicto:
- La unidad territorial de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, estableciendo un único marco jurídico-político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos.
- El derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro.
El acuerdo político firmado entre las fuerzas políticas vascas y los cambios de marco jurídico-político consiguientes se implementarán y desarrollarán durante la legislatura del Gobierno español que finaliza en 2012, siendo consecuencia de todo ello la resolución definitiva del conflicto político y armado.
Los cambios políticos se realizarán partiendo de la legalidad vigente, que será modificable en el futuro y en ningún caso será un límite para la voluntad del Pueblo Vasco sino garantía de su ejercicio.
Los principios establecidos en los apartados correspondientes a la Declaración del Presidente del Gobierno, el Preámbulo y las aclaraciones, serán recogidos en un acuerdo político entre los partidos políticos vascos que garantice la superación del conflicto, en el marco de las conversaciones políticas iniciadas y en los foros constituidos a tal efecto.
El acuerdo político entre los partidos políticos vascos se firmará tras la celebración de las elecciones municipales y forales de mayo del 2007.
Dicho acuerdo político deberá recoger las bases políticas que resuelvan el conflicto:
- La unidad territorial de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, estableciendo un único marco jurídico-político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos.
- El derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro.
El acuerdo político firmado entre las fuerzas políticas vascas y los cambios de marco jurídico-político consiguientes se implementarán y desarrollarán durante la legislatura del Gobierno español que finaliza en 2012, siendo consecuencia de todo ello la resolución definitiva del conflicto político y armado.
Los cambios políticos se realizarán partiendo de la legalidad vigente, que será modificable en el futuro y en ningún caso será un límite para la voluntad del Pueblo Vasco sino garantía de su ejercicio.
Acordamos:
El Gobierno español se compromete a dar los siguientes pasos en la humanización del conflicto y en la desactivación de la legislación de excepción vigente en la actualidad:
- Liberación de los presos políticos vascos que padecen enfermedades graves.
- Derogación de la Doctrina Parot y sus efectos.
- Repatriación y reagrupamiento de los presos políticos vascos en Euskal Herria.
El Gobierno español se compromete a dar los siguientes pasos en la humanización del conflicto y en la desactivación de la legislación de excepción vigente en la actualidad:
- Liberación de los presos políticos vascos que padecen enfermedades graves.
- Derogación de la Doctrina Parot y sus efectos.
- Repatriación y reagrupamiento de los presos políticos vascos en Euskal Herria.
Acordamos:
ETA y el Gobierno español se comprometen a iniciar las negociaciones de la tercera fase.
Dichas negociaciones incluirán los temas concernientes a:
- Presos, exiliados e huidos
- Víctimas
- Desmilitarización
- Comisión de Verificación
- Accidentes
- Decisión sobre la introducción de otros temas sugeridos.
El desarrollo de los acuerdos concernientes a los temas de la tercera fase será acordado entre ETA y el Gobierno español en paralelo a los avances del proceso político, elaborando estrategias de común acuerdo que posibiliten la resolución del conflicto y sus consecuencias.
ETA y el Gobierno español se comprometen a iniciar las negociaciones de la tercera fase.
Dichas negociaciones incluirán los temas concernientes a:
- Presos, exiliados e huidos
- Víctimas
- Desmilitarización
- Comisión de Verificación
- Accidentes
- Decisión sobre la introducción de otros temas sugeridos.
El desarrollo de los acuerdos concernientes a los temas de la tercera fase será acordado entre ETA y el Gobierno español en paralelo a los avances del proceso político, elaborando estrategias de común acuerdo que posibiliten la resolución del conflicto y sus consecuencias.
Acordamos:
ETA y el Gobierno español se comprometen a mantener una situación de distensión bilateral durante todo el desarrollo del proceso de negociación y de implementación de los acuerdos.
ETA se compromete a mantener el alto el fuego permanente y a no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos.
ETA se compromete a expresar de manera pública el mantenimiento del alto el fuego permanente y la anulación de la posibilidad de respuesta armada durante el proceso.
El Gobierno español se compromete a cumplir las garantías establecidas en los acuerdos:
- La disminución palpable de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale.
- Garantizar la actividad política de las organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos.
- No realizar detenciones por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas.
ETA y el Gobierno español se comprometen a mantener una situación de distensión bilateral durante todo el desarrollo del proceso de negociación y de implementación de los acuerdos.
ETA se compromete a mantener el alto el fuego permanente y a no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos.
ETA se compromete a expresar de manera pública el mantenimiento del alto el fuego permanente y la anulación de la posibilidad de respuesta armada durante el proceso.
El Gobierno español se compromete a cumplir las garantías establecidas en los acuerdos:
- La disminución palpable de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale.
- Garantizar la actividad política de las organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos.
- No realizar detenciones por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas.
Acordamos:
En el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso de resolución establecidos en este acuerdo, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) muestra su compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares».
En el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso de resolución establecidos en este acuerdo, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) muestra su compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares».
Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.
Publicado en GARA hoy, 24 de junio de 2007
Y quien no quiera ver... que cierre los ojos, pero, por favor, que mire primero dónde vomita.
sábado, 23 de junio de 2007
El "punto cero": encefalograma plano
Ni el alto el fuego permanente proclamado por ETA el 22 de marzo de 2006 ni la declaración efectuada por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, el 29 de junio del mismo año fueron iniciativas unilaterales. Ambas cuestiones habían sido largamente debatidas, maduradas y consensuadas por interlocutores de ambas partes entre julio y noviembre de 2005. Se pactaron también las llamadas «garantías» y las condiciones para las siguientes fases.
En julio de 2005, sin que nadie lo supiera, una delegación de ETA y representantes del Gobierno español se sentaban juntos en un lejano país europeo para llevar a cabo más de una decena de reuniones consecutivas en las que lograron cerrar un acuerdo que daba impulso a la búsqueda de un proceso de resolución. Al final, ambas partes suscribieron unos compromisos de índole política que ratificarían cuatro meses más tarde. El acuerdo incluía tanto el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA como el contenido del mensaje del presidente del Gobierno español, junto a una serie de garantías de las que GARA dio cuenta hace ahora casi un año.
Este diario está en condiciones de explicar cómo se llevó a cabo esa negociación preliminar que llevaría hasta el denominado por ambas partes «punto cero». Este término se acuñó para hacer referencia al momento en que se acordara el contenido de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las reuniones se realizaron con la mediación y colaboración de una organización internacional especializada en resolución de conflictos.
La fase más intensiva de los contactos que cuajaron en un acuerdo se produjo en julio, facilitada ya por factores como las conversaciones políticas entre PSOE y Batasuna durante varios años (25 reuniones antes del alto el fuego, según informó GARA recientemente) o por la llegada de Zapatero a La Moncloa.
Estas conversaciones tuvieron el formato y el desarrollo de un auténtico y profundo proceso de negociación. Tras unos prolegómenos en los que las dos partes coincidieron en aspectos como la necesidad de dejar a un lado las experiencias frustradas del pasado (el Gobierno admitió expresamente que tanto el diálogo de Argel en 1987 como el de Zurich en 1999 «habían nacido muertos a nivel teórico y de metodología») y en la que ambos destacaron también las posibilidades abiertas por el método establecido en Anoeta, se entró de lleno en la cuestión central: abordar el modo en que el presidente español haría una declaración de respeto a la decisión de la ciudadanía vasca y cómo previamente ETA proclamaría un alto el fuego que terminaría siendo definido como «permanente» en el acuerdo.
Propuestas y contrapropuestas
Para consensuar estas cuestiones hicieron falta más de diez reuniones de entre dos y tres horas de duración en el mes de julio, que dieron pie a los acuerdos, refrendados por ambas partes en otra ronda de reuniones producidas en el mes de noviembre de 2005.
Así, la definición de algunos de los párrafos de la declaración que debía pronunciar el presidente del Ejecutivo español tuvo que ser objeto de varios encuentros consecutivos en los que los interlocutores fueron modulando sus posiciones hasta alcanzar un punto común. Los mediadores elogiaron desde el principio la disposición al acuerdo mostrada por la organización armada vasca, resaltando detalles como la decisión de dejar a un lado la definición de «autodeterminación», que desde el principio había sido considerada por la parte gubernamental como inaceptable aten- diendo a anteriores intentos de negociación.
El desarrollo de todas estas reuniones muestra que, lógicamente, ETA centró desde el principio su interés en definir la disposición del Gobierno español a asumir la decisión de la ciudadanía vasca y a concretar su definición a través del procedimiento de la mesa de partidos. Por su parte, los representantes del Gobierno español dedicaron la mayor parte de sus intervenciones, sobre todo en la fase final del mes de julio, a tratar de incidir en la declaración de ETA y, más concretamente, a lograr que el alto el fuego tuviera un carácter «permanente» y apuntara a un horizonte final de cese de la lucha armada. La organización vasca vinculó esta última opción al cumplimiento efectivo del compromiso de respeto a la palabra de Euskal Herria y la posibilidad de materialización de todas las opciones.
Se pactó incluso que la declaración de alto el fuego no sólo fuese formulada en euskara, sino también en castellano para evitar manipulaciones erróneas que pudieran llevar a tergiversaciones. El contenido exacto del mensaje, en cualquier caso, quedaba en manos de ETA, que insistió en las reuniones en que aquel comunicado tenía como destinatario a Euskal Herria y no al Gobierno. La delegación gubernamental había hecho inicialmente una valoración notablemente crítica del esquema presentado por ETA porque «AVT y PP van a entrar a saco». Frente a posibles tergiversaciones, la organización armada recalcaría en todo momento, tanto en la mesa de negociación como en la concreción del mensaje difundido el 22 de marzo, que el alto el fuego no era otra cosa que una aportación a la apertura de un proceso democrático en Euskal Herria.
Pero no sólo se pactaron estos contenidos de fondo del «punto cero» del proceso. Ambas delegaciones acordaron también, no sin intensos debates y siempre con la ayuda experimentada de la organización mediadora, «anexos» que ayudaran a clarificar conceptos que en los textos centrales podían no quedar excesivamente aquilatados y dar pie a interpretaciones ambiguas.
A modo de ejemplo, en estos apéndices se clarifica qué se entiende por los «acuerdos» a que se habría de llegar en la mesa mulpartita: «Los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». O qué significa la alusión a las «normas y procedimientos legales»; a saber, «los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro siempre en aras al objetivo último de que no sean una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantías de su ejercicio».
Euskal Herria en el preámbulo
Estos anexos fueron introducidos a iniciativa de ETA, pese al rechazo inicial del Gobierno español, con el fin de poder avanzar en la negociación. Su contenido permanecería oculto en la medida en que no se incluirían en la declaración de Zapatero.
Como dato significativo del alcance y la intensidad de la negociación, hasta el nombre de estos apéndices fue objeto de debate entre las dos partes. Finalmente quedaron definidos como «aclaraciones».
Junto a éstas, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ETA incluye un preámbulo que tampoco aparecería en la declaración comprometida por el presidente español y materializada, con alteraciones sobre lo pactado, el 29 de junio en los pasillos del Congreso. El citado preámbulo establece textualmente que «aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria».
Por su parte, ETA se comprometió en el acuerdo a dar carácter permanente al alto el fuego. El Gobierno español había insistido en que necesitaba que éste tuviera un alcance mayor que otros anteriores para que no fuera interpretado como «más de lo mismo», según la expresión textual utilizada por sus interlocutores en una de las reuniones.
Las «garantías»
Simultáneamente, tal y como GARA había informado ya el 9 de julio del pasado año, ambas partes consensuaron una serie de «garantías» que no tardarían en ser incumplidas.
Así, la representación del Gobierno se comprometió a «la disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etc.)», se apostillaba. También adoptó la disposición de «aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos». Y el Ejecutivo español admitió igualmente «no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas». Se estableció incluso un plazo tope para que el Gobierno de Madrid pudiera llevar a la práctica su particular tregua: «7-10 días».
ETA, por su parte, asumió que el alto el fuego incluía «no realizar acciones contra personas (incluidas cartas u otras misivas), bienes de propiedad pública o privada» y «no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos, y/o material para su fabricación», lo que iba más allá de los compromisos adoptados en la anterior suspensión de acciones armadas de 1998.
Los «accidentes»
El fruto de la negociación Gobierno-ETA en esta primera fase iba todavía más allá. Como detalle significativo, GARA ha podido saber que entre los acuerdos figuraban incluso los relativos a la gestión de los «accidentes» que pudieran producirse en el proceso, entendiéndose como tal el incumplimiento puntual de las garantías pactadas. Se estableció que las dos partes deberían esforzarse en evitarlos, pero que en caso de ocurrir deberían ser resueltos en la mesa de negociación y «con la voluntad de seguir avanzando en las negociaciones».
El mismo acuerdo, además, fijaba los elementos para saltar a otra fase, definiendo la necesidad de establecer ya «representaciones oficiales», de incorporar a asesores o de conformar una Comisión de Verificación.
Se consensuó igualmente el modo de dar respuesta a las filtraciones. Y un mecanismo para responder a situaciones de crisis. Pero, en la misma medida, se fijó también que en el caso de ruptura del proceso ambas partes quedaban liberadas de los compromisos asumidos.
El acta del acuerdo, como las restantes de todas estas reuniones, fue guardada por la organización mediadora y es custodiada en un lugar seguro.
20 fueron las reuniones entre ETA y Gobierno en 2005. En julio se dio un impulso definitivo al acuerdo, sobre todo en lo relativo a la declaración de Zapatero, y en noviembre se reafirmó todo el acuerdo, incluida la parte del alto el fuego.
Siete reuniones de propuestas y retoques para una declaración
La clave central del acuerdo previo al alto el fuego es el compromiso estatal de aceptar la decisión de la ciudadanía vasca sobre su futuro: el llamado «punto cero». En otras palabras, la declaración que debe hacer José Luis Rodríguez Zapatero. Y el modo en que se gesta, a su vez, resume todo un proceso de negociación.
Para llegar al texto final hacen falta siete reuniones, cerca de 20 horas de contraste sobre sólo cuatro párrafos que deben definir el quién (el Gobierno español), el a quién (a Euskal Herria), el qué (la decisión) y el cómo (la mesa de partidos). Y además, la declaración debe incluir que Gobierno y ETA abrirán una negociación de cuestiones «técnicas».
En algunos momentos, las diferencias entre las dos partes resultan insalvables. Tomemos como ejemplo el último párrafo. El Gobierno propone anunciar que «abrirá un proceso de diálogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia». La propuesta de la organización armada, por contra, habla de «solucionar de manera definitiva las consecuencias del conflicto». Los enviados de Zapatero no aceptan enunciar el término «conflicto», aunque admiten que éste en realidad lo es. Aluden a las «connotaciones» del término. Los mediadores presentan en la siguiente reunión fórmulas intermedias («situación conflictiva», «confrontación», «contencioso»), pero tampoco convencen a la parte estatal. Se opta entonces por suprimir esta alusión y limitarse a decir que Gobierno y ETA dialogarán.
En cuanto al primer punto, los enviados de Madrid comienzan presentando una fórmula que la delegación de ETA cree excesivamente ambigua (error que estaría también en el germen del desacuerdo final en las conversaciones entre los partidos en Loiola). Quiere saber, por ejemplo, a qué se refiere el Gobierno cuando habla de «la sociedad vasca». Este matiza que no cuestiona que Nafarroa forme parte del proceso, sea con una mesa única o con dos. Finalmente, las cuestiones irresolubles son sacadas del texto pactado y concretadas en las llamadas «aclaraciones» o anexos.
ETA en julio: «Si incumplen las garantías, el alto el fuego se rompe»
Desde que se inició el debate sobre las garantías para dar viabilidad al proceso, en julio de 2005, ETA lanzó en la mesa una afirmación que no fue cuestionada por el Gobierno: «Si se incumplen las garantías, el alto el fuego se romperá». Pese a que posteriormente la definición exacta de esas garantías sería objeto de debate en más de media docena de reuniones, tanto en julio como en octubre y noviembre, la representación estatal en ningún momento trató de «negociar» este aviso, sino que lo aceptó como lógico. El desarrollo de las conversaciones al que ha accedido GARA deja claro que el Ejecutivo tenía además otras prioridades, como tratar de asegurar el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA o intentar que entre las garantías ofrecidas por la organización se incluyera la eliminación de la kale borroka, a lo que ETA respondió que no tenía responsabilidad sobre ello.
El diálogo deja como conclusión que esas garantías deben cumplirse antes de que Zapatero haga su declaración y materialice el llamado «punto cero». El Gobierno ofrece incluso en la mesa acelerar esa comparecencia, lo que da otra pista de que no parece estar muy preocupado por el aviso de ETA sobre posibles incumplimientos.
El Gobierno se comprometió a buscar un «pacto de Estado»
Entre las garantías incluidas en este acuerdo existe una que no había sido dada a conocer hasta el viernes pasado, en que GARA la anunció: el Gobierno español se comprometió a buscar un «pacto de Estado» que diera continuidad al acuerdo y no pusiera en riesgo su viabilidad en caso de un futuro relevo en La Moncloa. De hecho, ésta era una de las cuestiones que llevó a establecer que Zapatero dispondría de un plazo de seis meses para hacer pública su declaración después de la emitida por ETA, lo que le daba tiempo de hacer lo que en la mesa de negociación se definió como «tareas caseras». Finalmente, dio el paso de la declaración en poco más de tres meses.
Del contenido de las reuniones se desprende que el Gobierno del PSOE en ningún momento cuestionó la necesidad de ese pacto de Estado, ni afirmó que fuera irrealizable, aunque sí citó que entrañaba «grandes dificultades». Al hilo de ello, sus representantes en la mesa insistieron en reclamar a ETA que diera a su alto el fuego una dimensión que le facilitara «margen». Esto dio paso a uno de los cruces de posiciones más intensos. ETA consideró y denunció que la parte estatal tenía a su opinión pública «drogada» y que trataba de endosarle la responsabilidad de corregir la situación. Pero finalmente hubo acuerdo.
Propuesta inicial del Gobierno español (julio de 2005)
«La sociedad vasca es libre de decidir libremente su futuro dentro del respeto a su pluralidad política y al marco constitucional vigente.
Los acuerdos deberán ser adoptados mediante el sistema de consenso. En unas condiciones de ausencia total de cualquier tipo de violencia o coacción, con plena igualdad de las distintas opciones políticas y salvaguardando siempre y en todo caso los derechos y libertades de los ciudadanos.
Los ámbitos de diálogo multipartidista correspondientes serán quienes decidan de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas de negociación y aplicación.
Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso, el Gobierno abrirá un proceso de dialogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».
«En los foros o mesas de diálogo multipartidistas correspondientes, los partidos políticos legítimos representantes de la voluntad popular, teniendo en cuenta los distintos agentes sociales, económicos y sindicales, abordarán de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas para su aplicación y negociación»
Propuesta inicial de ETA (julio de 2005)
«El Gobierno español está de acuerdo y respetará la apertura de un proceso donde la voluntad popular que vayan desarrollando los ciudadanos vascos, desde los actuales marcos institucionales, permita por mandato mayoritario abordar el ejercicio del derecho a decidir como Pueblo su futuro, así como el modelo de relaciones políticas con el Estado.
Dicho mandato mayoritario se desarrollará a partir de la representación legítima de Euskal Herria conformada por todos o por lo menos por la mayoría cualificada de los agentes políticos sociales y sindicales.
La citada representación determinará los mecanismos refrendarios que posibiliten el ejercicio del derecho a decidir.
Corresponderá a dicha representación acordar con el Gobierno español la aplicación de los citados mecanismos, así como la gestión de los mismos.
Por otro lado, el Gobierno español abrirá un proceso de negociación con el fin de solucionar/solventar de manera definitiva las consecuencias del conflicto»
Propuesta intermedia
«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia ni coacción, teniendo en cuenta los procedimientos legales, respetando los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos» (sobre el 1º punto)
Acuerdo final sobre la declaración de Zapatero (ratificado por ambas partes en noviembre de 2005)
«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia o coacción, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos.
El Gobierno español entiende que son los partidos políticos vascos, así como los agentes sociales, económicos y sindicales, en los foros que constituyan, quienes alcanzarán los acuerdos y establecerán los mecanismos de negociación y aplicación correspondientes.
El Gobierno español entiende además que los acuerdos adoptados por los representantes de la ciudadanía vasca, lo serán con el máximo consenso posible, teniendo en cuenta la pluralidad política existente y en plena igualdad de condiciones para todas las opciones políticas.
Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005, el Gobierno abrirá un proceso de diálogo con ETA respetando en todo momento el principio democrático e irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular»
En julio de 2005, sin que nadie lo supiera, una delegación de ETA y representantes del Gobierno español se sentaban juntos en un lejano país europeo para llevar a cabo más de una decena de reuniones consecutivas en las que lograron cerrar un acuerdo que daba impulso a la búsqueda de un proceso de resolución. Al final, ambas partes suscribieron unos compromisos de índole política que ratificarían cuatro meses más tarde. El acuerdo incluía tanto el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA como el contenido del mensaje del presidente del Gobierno español, junto a una serie de garantías de las que GARA dio cuenta hace ahora casi un año.
Este diario está en condiciones de explicar cómo se llevó a cabo esa negociación preliminar que llevaría hasta el denominado por ambas partes «punto cero». Este término se acuñó para hacer referencia al momento en que se acordara el contenido de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las reuniones se realizaron con la mediación y colaboración de una organización internacional especializada en resolución de conflictos.
La fase más intensiva de los contactos que cuajaron en un acuerdo se produjo en julio, facilitada ya por factores como las conversaciones políticas entre PSOE y Batasuna durante varios años (25 reuniones antes del alto el fuego, según informó GARA recientemente) o por la llegada de Zapatero a La Moncloa.
Estas conversaciones tuvieron el formato y el desarrollo de un auténtico y profundo proceso de negociación. Tras unos prolegómenos en los que las dos partes coincidieron en aspectos como la necesidad de dejar a un lado las experiencias frustradas del pasado (el Gobierno admitió expresamente que tanto el diálogo de Argel en 1987 como el de Zurich en 1999 «habían nacido muertos a nivel teórico y de metodología») y en la que ambos destacaron también las posibilidades abiertas por el método establecido en Anoeta, se entró de lleno en la cuestión central: abordar el modo en que el presidente español haría una declaración de respeto a la decisión de la ciudadanía vasca y cómo previamente ETA proclamaría un alto el fuego que terminaría siendo definido como «permanente» en el acuerdo.
Propuestas y contrapropuestas
Para consensuar estas cuestiones hicieron falta más de diez reuniones de entre dos y tres horas de duración en el mes de julio, que dieron pie a los acuerdos, refrendados por ambas partes en otra ronda de reuniones producidas en el mes de noviembre de 2005.
Así, la definición de algunos de los párrafos de la declaración que debía pronunciar el presidente del Ejecutivo español tuvo que ser objeto de varios encuentros consecutivos en los que los interlocutores fueron modulando sus posiciones hasta alcanzar un punto común. Los mediadores elogiaron desde el principio la disposición al acuerdo mostrada por la organización armada vasca, resaltando detalles como la decisión de dejar a un lado la definición de «autodeterminación», que desde el principio había sido considerada por la parte gubernamental como inaceptable aten- diendo a anteriores intentos de negociación.
El desarrollo de todas estas reuniones muestra que, lógicamente, ETA centró desde el principio su interés en definir la disposición del Gobierno español a asumir la decisión de la ciudadanía vasca y a concretar su definición a través del procedimiento de la mesa de partidos. Por su parte, los representantes del Gobierno español dedicaron la mayor parte de sus intervenciones, sobre todo en la fase final del mes de julio, a tratar de incidir en la declaración de ETA y, más concretamente, a lograr que el alto el fuego tuviera un carácter «permanente» y apuntara a un horizonte final de cese de la lucha armada. La organización vasca vinculó esta última opción al cumplimiento efectivo del compromiso de respeto a la palabra de Euskal Herria y la posibilidad de materialización de todas las opciones.
Se pactó incluso que la declaración de alto el fuego no sólo fuese formulada en euskara, sino también en castellano para evitar manipulaciones erróneas que pudieran llevar a tergiversaciones. El contenido exacto del mensaje, en cualquier caso, quedaba en manos de ETA, que insistió en las reuniones en que aquel comunicado tenía como destinatario a Euskal Herria y no al Gobierno. La delegación gubernamental había hecho inicialmente una valoración notablemente crítica del esquema presentado por ETA porque «AVT y PP van a entrar a saco». Frente a posibles tergiversaciones, la organización armada recalcaría en todo momento, tanto en la mesa de negociación como en la concreción del mensaje difundido el 22 de marzo, que el alto el fuego no era otra cosa que una aportación a la apertura de un proceso democrático en Euskal Herria.
Pero no sólo se pactaron estos contenidos de fondo del «punto cero» del proceso. Ambas delegaciones acordaron también, no sin intensos debates y siempre con la ayuda experimentada de la organización mediadora, «anexos» que ayudaran a clarificar conceptos que en los textos centrales podían no quedar excesivamente aquilatados y dar pie a interpretaciones ambiguas.
A modo de ejemplo, en estos apéndices se clarifica qué se entiende por los «acuerdos» a que se habría de llegar en la mesa mulpartita: «Los concernientes al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». O qué significa la alusión a las «normas y procedimientos legales»; a saber, «los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro siempre en aras al objetivo último de que no sean una limitación a la voluntad del pueblo vasco, sino garantías de su ejercicio».
Euskal Herria en el preámbulo
Estos anexos fueron introducidos a iniciativa de ETA, pese al rechazo inicial del Gobierno español, con el fin de poder avanzar en la negociación. Su contenido permanecería oculto en la medida en que no se incluirían en la declaración de Zapatero.
Como dato significativo del alcance y la intensidad de la negociación, hasta el nombre de estos apéndices fue objeto de debate entre las dos partes. Finalmente quedaron definidos como «aclaraciones».
Junto a éstas, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y ETA incluye un preámbulo que tampoco aparecería en la declaración comprometida por el presidente español y materializada, con alteraciones sobre lo pactado, el 29 de junio en los pasillos del Congreso. El citado preámbulo establece textualmente que «aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria».
Por su parte, ETA se comprometió en el acuerdo a dar carácter permanente al alto el fuego. El Gobierno español había insistido en que necesitaba que éste tuviera un alcance mayor que otros anteriores para que no fuera interpretado como «más de lo mismo», según la expresión textual utilizada por sus interlocutores en una de las reuniones.
Las «garantías»
Simultáneamente, tal y como GARA había informado ya el 9 de julio del pasado año, ambas partes consensuaron una serie de «garantías» que no tardarían en ser incumplidas.
Así, la representación del Gobierno se comprometió a «la disminución palpable de la presencia policial (controles, etcétera) así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, atracos, homicidios, etc.)», se apostillaba. También adoptó la disposición de «aceptar de facto que las organizaciones de la izquierda abertzale puedan desarrollar una vida política, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos». Y el Ejecutivo español admitió igualmente «no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas». Se estableció incluso un plazo tope para que el Gobierno de Madrid pudiera llevar a la práctica su particular tregua: «7-10 días».
ETA, por su parte, asumió que el alto el fuego incluía «no realizar acciones contra personas (incluidas cartas u otras misivas), bienes de propiedad pública o privada» y «no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos, y/o material para su fabricación», lo que iba más allá de los compromisos adoptados en la anterior suspensión de acciones armadas de 1998.
Los «accidentes»
El fruto de la negociación Gobierno-ETA en esta primera fase iba todavía más allá. Como detalle significativo, GARA ha podido saber que entre los acuerdos figuraban incluso los relativos a la gestión de los «accidentes» que pudieran producirse en el proceso, entendiéndose como tal el incumplimiento puntual de las garantías pactadas. Se estableció que las dos partes deberían esforzarse en evitarlos, pero que en caso de ocurrir deberían ser resueltos en la mesa de negociación y «con la voluntad de seguir avanzando en las negociaciones».
El mismo acuerdo, además, fijaba los elementos para saltar a otra fase, definiendo la necesidad de establecer ya «representaciones oficiales», de incorporar a asesores o de conformar una Comisión de Verificación.
Se consensuó igualmente el modo de dar respuesta a las filtraciones. Y un mecanismo para responder a situaciones de crisis. Pero, en la misma medida, se fijó también que en el caso de ruptura del proceso ambas partes quedaban liberadas de los compromisos asumidos.
El acta del acuerdo, como las restantes de todas estas reuniones, fue guardada por la organización mediadora y es custodiada en un lugar seguro.
20 fueron las reuniones entre ETA y Gobierno en 2005. En julio se dio un impulso definitivo al acuerdo, sobre todo en lo relativo a la declaración de Zapatero, y en noviembre se reafirmó todo el acuerdo, incluida la parte del alto el fuego.
Siete reuniones de propuestas y retoques para una declaración
La clave central del acuerdo previo al alto el fuego es el compromiso estatal de aceptar la decisión de la ciudadanía vasca sobre su futuro: el llamado «punto cero». En otras palabras, la declaración que debe hacer José Luis Rodríguez Zapatero. Y el modo en que se gesta, a su vez, resume todo un proceso de negociación.
Para llegar al texto final hacen falta siete reuniones, cerca de 20 horas de contraste sobre sólo cuatro párrafos que deben definir el quién (el Gobierno español), el a quién (a Euskal Herria), el qué (la decisión) y el cómo (la mesa de partidos). Y además, la declaración debe incluir que Gobierno y ETA abrirán una negociación de cuestiones «técnicas».
En algunos momentos, las diferencias entre las dos partes resultan insalvables. Tomemos como ejemplo el último párrafo. El Gobierno propone anunciar que «abrirá un proceso de diálogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia». La propuesta de la organización armada, por contra, habla de «solucionar de manera definitiva las consecuencias del conflicto». Los enviados de Zapatero no aceptan enunciar el término «conflicto», aunque admiten que éste en realidad lo es. Aluden a las «connotaciones» del término. Los mediadores presentan en la siguiente reunión fórmulas intermedias («situación conflictiva», «confrontación», «contencioso»), pero tampoco convencen a la parte estatal. Se opta entonces por suprimir esta alusión y limitarse a decir que Gobierno y ETA dialogarán.
En cuanto al primer punto, los enviados de Madrid comienzan presentando una fórmula que la delegación de ETA cree excesivamente ambigua (error que estaría también en el germen del desacuerdo final en las conversaciones entre los partidos en Loiola). Quiere saber, por ejemplo, a qué se refiere el Gobierno cuando habla de «la sociedad vasca». Este matiza que no cuestiona que Nafarroa forme parte del proceso, sea con una mesa única o con dos. Finalmente, las cuestiones irresolubles son sacadas del texto pactado y concretadas en las llamadas «aclaraciones» o anexos.
ETA en julio: «Si incumplen las garantías, el alto el fuego se rompe»
Desde que se inició el debate sobre las garantías para dar viabilidad al proceso, en julio de 2005, ETA lanzó en la mesa una afirmación que no fue cuestionada por el Gobierno: «Si se incumplen las garantías, el alto el fuego se romperá». Pese a que posteriormente la definición exacta de esas garantías sería objeto de debate en más de media docena de reuniones, tanto en julio como en octubre y noviembre, la representación estatal en ningún momento trató de «negociar» este aviso, sino que lo aceptó como lógico. El desarrollo de las conversaciones al que ha accedido GARA deja claro que el Ejecutivo tenía además otras prioridades, como tratar de asegurar el carácter «permanente» de la declaración de alto el fuego de ETA o intentar que entre las garantías ofrecidas por la organización se incluyera la eliminación de la kale borroka, a lo que ETA respondió que no tenía responsabilidad sobre ello.
El diálogo deja como conclusión que esas garantías deben cumplirse antes de que Zapatero haga su declaración y materialice el llamado «punto cero». El Gobierno ofrece incluso en la mesa acelerar esa comparecencia, lo que da otra pista de que no parece estar muy preocupado por el aviso de ETA sobre posibles incumplimientos.
El Gobierno se comprometió a buscar un «pacto de Estado»
Entre las garantías incluidas en este acuerdo existe una que no había sido dada a conocer hasta el viernes pasado, en que GARA la anunció: el Gobierno español se comprometió a buscar un «pacto de Estado» que diera continuidad al acuerdo y no pusiera en riesgo su viabilidad en caso de un futuro relevo en La Moncloa. De hecho, ésta era una de las cuestiones que llevó a establecer que Zapatero dispondría de un plazo de seis meses para hacer pública su declaración después de la emitida por ETA, lo que le daba tiempo de hacer lo que en la mesa de negociación se definió como «tareas caseras». Finalmente, dio el paso de la declaración en poco más de tres meses.
Del contenido de las reuniones se desprende que el Gobierno del PSOE en ningún momento cuestionó la necesidad de ese pacto de Estado, ni afirmó que fuera irrealizable, aunque sí citó que entrañaba «grandes dificultades». Al hilo de ello, sus representantes en la mesa insistieron en reclamar a ETA que diera a su alto el fuego una dimensión que le facilitara «margen». Esto dio paso a uno de los cruces de posiciones más intensos. ETA consideró y denunció que la parte estatal tenía a su opinión pública «drogada» y que trataba de endosarle la responsabilidad de corregir la situación. Pero finalmente hubo acuerdo.
Propuesta inicial del Gobierno español (julio de 2005)
«La sociedad vasca es libre de decidir libremente su futuro dentro del respeto a su pluralidad política y al marco constitucional vigente.
Los acuerdos deberán ser adoptados mediante el sistema de consenso. En unas condiciones de ausencia total de cualquier tipo de violencia o coacción, con plena igualdad de las distintas opciones políticas y salvaguardando siempre y en todo caso los derechos y libertades de los ciudadanos.
Los ámbitos de diálogo multipartidista correspondientes serán quienes decidan de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas de negociación y aplicación.
Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso, el Gobierno abrirá un proceso de dialogo con ETA con el fin de solventar de manera definitiva las consecuencias de la violencia respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».
«En los foros o mesas de diálogo multipartidistas correspondientes, los partidos políticos legítimos representantes de la voluntad popular, teniendo en cuenta los distintos agentes sociales, económicos y sindicales, abordarán de forma consensuada los contenidos del diálogo, los procedimientos para llegar a acuerdos y las fórmulas para su aplicación y negociación»
Propuesta inicial de ETA (julio de 2005)
«El Gobierno español está de acuerdo y respetará la apertura de un proceso donde la voluntad popular que vayan desarrollando los ciudadanos vascos, desde los actuales marcos institucionales, permita por mandato mayoritario abordar el ejercicio del derecho a decidir como Pueblo su futuro, así como el modelo de relaciones políticas con el Estado.
Dicho mandato mayoritario se desarrollará a partir de la representación legítima de Euskal Herria conformada por todos o por lo menos por la mayoría cualificada de los agentes políticos sociales y sindicales.
La citada representación determinará los mecanismos refrendarios que posibiliten el ejercicio del derecho a decidir.
Corresponderá a dicha representación acordar con el Gobierno español la aplicación de los citados mecanismos, así como la gestión de los mismos.
Por otro lado, el Gobierno español abrirá un proceso de negociación con el fin de solucionar/solventar de manera definitiva las consecuencias del conflicto»
Propuesta intermedia
«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia ni coacción, teniendo en cuenta los procedimientos legales, respetando los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos» (sobre el 1º punto)
Acuerdo final sobre la declaración de Zapatero (ratificado por ambas partes en noviembre de 2005)
«El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia o coacción, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos.
El Gobierno español entiende que son los partidos políticos vascos, así como los agentes sociales, económicos y sindicales, en los foros que constituyan, quienes alcanzarán los acuerdos y establecerán los mecanismos de negociación y aplicación correspondientes.
El Gobierno español entiende además que los acuerdos adoptados por los representantes de la ciudadanía vasca, lo serán con el máximo consenso posible, teniendo en cuenta la pluralidad política existente y en plena igualdad de condiciones para todas las opciones políticas.
Finalmente, en cumplimiento de la resolución del Congreso del 17 de mayo de 2005, el Gobierno abrirá un proceso de diálogo con ETA respetando en todo momento el principio democrático e irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular»
Declaración de Zapatero (junio de 2006)
«El Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción.
Entiendo que los partidos políticos, los agentes sociales, económicos, sindicales deben adoptar acuerdos para ese pacto de convivencia a través de los métodos de diálogo que estimen oportuno y, por supuesto, a través de los métodos democráticos para trasladar dichos acuerdos a los distintos ámbitos institucionales.
El Gobierno entiende que los acuerdos entre las distintas formaciones políticas de Euskadi han de alcanzarse con el máximo consenso posible, respetando la pluralidad política de Euskadi y en igualdad de oportunidades para todas las formaciones.
Precisamente al amparo de la resolución adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, quiero anunciarles que el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular.
Voluntad democrática, sujeción a la legalidad, amplio acuerdo político, que recoja el pluralismo de la sociedad vasca, esas son las reglas. Reglas que valen también para la participación en la vida política e institucional, para las formaciones políticas. Por ello, quiero reiterarles que el Gobierno va a mantener la vigencia de la Ley de Partidos.
Quiero expresar el compromiso absoluto del Gobierno y el mío personal con los valores, principios y reglas de la Constitución de 1978, que ha representado un éxito colectivo para nuestra convivencia».
Publicado en GARA 21/06/2007
viernes, 15 de junio de 2007
La furia (gay) española
El pasado lunes, por primera vez en la historia, la selección de un país se enfrentó a la "selección" de una de sus partes componentes:
Nación española contra región catalana
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/12/espana/1181616958.html
Más allá de lo ridículo de la situación, más allá de que esa selección española no representaba a España, más allá de la nocturnidad y alejanía con la que todo se urdió...
¿no hubo ni uno sólo de los jugadores (de entre los españoles que jugaban como españoles) que tuviera los cojones y la dignidad de decir "este partido lo va a jugar su p_ _ _ madre"?
De verdad, damos pena.
Nación española contra región catalana
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/12/espana/1181616958.html
Más allá de lo ridículo de la situación, más allá de que esa selección española no representaba a España, más allá de la nocturnidad y alejanía con la que todo se urdió...
¿no hubo ni uno sólo de los jugadores (de entre los españoles que jugaban como españoles) que tuviera los cojones y la dignidad de decir "este partido lo va a jugar su p_ _ _ madre"?
De verdad, damos pena.
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